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Soy Noa, mujer trans, artista, madre y luchadora incansable. Hoy hablo también en nombre de mi esposa Laura, porque lo que vivimos juntas no fue solo un trámite fallido: fue una humillación institucional.
Hace unos días, Laura y yo sufrimos uno de los episodios más violentos e indignantes dentro de un espacio que, en teoría, debe brindar ayuda: los Servicios Sociales de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Ambas acudimos a solicitar la renovación del Certificado de Exclusión Social, respaldadas por una realidad desgarradora: desempleo, precariedad, ausencia de red familiar, transfobia estructural, y un contexto vital en el que la dignidad se ve amenazada cada día.
Lo que recibimos fue frialdad, desprecio… y la negativa absoluta a reconocernos con humanidad.
«la trabajadora de Servicios Sociales en seguimiento desde 2024″— nos negó el certificado. En mi caso, argumentó que había recibido una herencia, ignorando que se trata de un bien privativo, destinado exclusivamente a la compra de una vivienda digna. Un ingreso puntual que no cambia la realidad estructural de exclusión que vivimos.
📌 Nuestra unidad familiar está compuesta por Laura, nuestra hija y yo.
📌 Nuestros ingresos no superan el salario mínimo interprofesional.
- Cantidad anual obtenida ingresos totales unidad familiar: 10.800 euros brutos anuales. restando manutención 8.760 euros anuales
- Cantidad anual según la ley por persona mínimo interprofesional: 16.576 euros brutos anuales.
📌 Yo tengo reconocida una discapacidad del 66%.
📌 Sobrevivimos durante 50 días en un coche, en el Parque Andalucía de (Alcobendas), sin recibir apoyo institucional.
📌 Todos los servicios estaban informados: centro médico, CRL, servicios de empleo… y esta misma trabajadora social.
En la última cita, ella misma calculó mis ingresos y quedó claro que ni siquiera antes de descontar la manutención alcanzaban el mínimo legal. También sabía que fui despedida por discriminación, explotación y acoso laboral, una situación documentada y denunciada.
Pero lo más grave fue el trato transfóbico:
En dos ocasiones —presencialmente y por teléfono— se refirió a nosotras en masculino:
“vosotros”, “casados”, “él”.
Negó mi identidad. Ignoró a Laura como mi esposa.
Nos violentó a ambas como mujeres y como familia.
💔 Esto es lo que exigimos:
Una nueva valoración objetiva y profesional, realizada por otra persona cualificada.
La emisión inmediata del Certificado de Exclusión Social que nos corresponde por derecho.
Una disculpa formal y escrita por el trato degradante y transfóbico recibido.
📢 ¿Por qué lo contamos?
Porque no es un caso aislado.
Porque muchas mujeres trans y familias como la nuestra viven lo mismo y lo callan.
Porque el silencio institucional perpetúa el abuso.
Y porque esta vez no vamos a callar.
🗣️ Si tú también has sufrido discriminación o maltrato institucional, comparte tu historia en:
👉 www.derechostrans.com
👉 www.mujerestrans.com
Juntas tenemos voz. Juntas hacemos justicia.
⚠️ Nota legal:
Este testimonio se comparte desde la experiencia real de Noa y Laura.
Cualquier nombre propio ha sido adaptado para proteger el marco legal.
Este contenido se acoge a los derechos fundamentales de libertad de expresión y denuncia pública de situaciones discriminatorias, conforme a las leyes vigentes.
«En ningún momento he vulnerado la normativa de protección de datos, ya que no he publicado apellidos ni información personal, y la mención del nombre se limitó a una actuación institucional relacionada con un procedimiento que me afecta directamente como ciudadana en situación de exclusión.»
✊ Extensión del testimonio público:
Respuesta institucional ante la solicitud de renovación del Certificado de Exclusión Social
Tras la publicación inicial donde relataba mi situación de exclusión social y la denegación encubierta de la continuidad del certificado que me corresponde por derecho, he recibido respuesta oficial por parte de la jefatura del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento correspondiente.
En dicha comunicación se:
🔸 Confirma que mi intervención está activa desde 2021, y concretamente con una trabajadora social desde comienzos de 2024.
🔸 Reconoce que el Certificado de Exclusión Social fue emitido en febrero de 2025 y se encuentra en vigor hasta el 5 de agosto de 2025, pero condiciona su continuidad a la entrega anticipada de una nueva batería de documentación, a pesar de estar en seguimiento activo y con justificación vigente.
🔸 Entre los documentos exigidos se incluyen elementos invasivos y desproporcionados, como:
Movimientos bancarios
Vida laboral
Certificados negativos del SEPE y del INSS
Declaración de la renta (no obligatoria por ley para todas las personas)
🔸 Esta exigencia ignora que mi situación ya ha sido ampliamente acreditada, con:
✔️ Discapacidad reconocida oficialmente
✔️ Actualmente estoy en tratamiento psicológico y en seguimiento activo por parte de mi Centro de Salud, donde se reconoce y atiende la situación de exclusión social, vulnerabilidad emocional y el impacto de los episodios vividos en mi salud mental.
✔️ Identidad de género como mujer trans, en situación estructural de exclusión
✔️ Baja médica y denuncia interpuesta recientemente, ya entregadas dentro de la intervención
✔️ Seguimiento activo en el CRL (Centro de Rehabilitación Laboral) por derivación directa del Centro de Salud de Miraflores
✔️ Acompañamiento continuo por parte de APADIS, con constancia del episodio de acoso y discriminación laboral vivido en mi anterior empleo
✔️ Participación en formaciones de autoestima, empleabilidad y motivación en «APADIS», «CRUZ ROJA», «LA RUECA», «AMACOVID» y «LA REDA», todo notificado a la trabajadora social
Además:
🏚️ Estuve residiendo en una vivienda con condiciones insalubres, humedad crónica y foco de infección, visitada personalmente por dicha trabajadora social, sin que se gestionara vaciado, alternativa habitacional o plan de urgencia, a pesar de que:
Soy asmática crónica, con alergia a los ácaros
Y tengo una hija menor de edad, que debía vivir conmigo según convenio regulador
📍 Esta negligencia institucional vulnera directamente mi derecho a la salud, a la protección como madre y a la dignidad como mujer en situación de exclusión.
Además, la trabajadora social fue informada de mi salida de dicha vivienda y omitió trazar cualquier plan de emergencia, lo que llevó a que mi esposa y yo viviéramos más de 50 días dentro de un coche en el Parque Andalucía.
¿Cómo es posible que tras años de intervención no se haya gestionado ni un solo recurso habitacional de emergencia o albergue temporal?
⚖️ Nota legal:
Este contenido se acoge a los derechos fundamentales de libertad de expresión y denuncia pública de situaciones discriminatorias, conforme a las leyes vigentes.
En ningún momento se ha vulnerado la normativa de protección de datos, ya que no se han publicado apellidos ni información personal sensible. La mención del nombre se ha limitado estrictamente a una actuación institucional dentro de un procedimiento administrativo que afecta directamente a una ciudadana en situación de exclusión social.
🛑 Conclusión:
La institución ha optado por proteger la imagen del personal técnico y trasladar la carga de prueba a una mujer en situación vulnerable, en lugar de garantizar el acceso a un derecho ya reconocido.
La estrategia de dilación previa a la caducidad, la exigencia injustificada de documentación, el desinterés ante condiciones insalubres, y la falta de intervención ante realidades médicas y familiares acreditadas, constituyen violencia institucional encubierta y abandono administrativo.
Este testimonio se amplía no solo como respuesta, sino como acto de dignidad y resistencia pública, frente a sistemas que silencian, agotan y niegan derechos con apariencia burocrática.
